La ley de vivienda española actualmente en tramitación parlamentaria promete respetar las competencias autonómicas. En paralelo el Tribunal Constitucional ha advertido en una sentencia que la normativa catalana no puede entrar en las «bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho». En la práctica, esto quiere decir que la ley catalana no puede fijar precios o establecer vetos a incrementos en base al que bautizó como zonas tensadas. La negociación del Gobierno del PSOE y Podemos con ERC ha dado fruto y promete respetar competencias autonómicas en materia de vivienda, pero será necesario redefinir el marco legal catalán.
El Constitucional ha anulado los preceptos de la ley catalana de vivienda que permiten limitar el precio de los alquileres. Reserva en el Estado la fijación de las bases de las obligaciones contractuales, lo cual en la práctica se traduce que no permite obligar que los contratos congelen o bajen el precio de los alquileres con la excusa que en determinadas áreas geográficas las rentas exigidas por los propietarios sean muy altas. El Constitucional no entra en su sentencia en la constitucionalidad de limitar los precios del alquiler. El que niega es que una comunidad autónoma sea la Administración que regule los contratos, porque esto es competencia del Estado. Por este motivo sea la norma estatal la que tendrá que definir el nuevo marco que limite la evolución del precio de los alquileres.
¿Afecta los contratos firmados? No afecta los contratos ya firmados. Montserrat Junyent, asesora jurídica del Colegio de APIO de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), resalta que la sentencia del alto tribunal es de cara en el futuro y no afecta el que han acordado propietarios y arrendadores. En su opinión, un elemento destacable es que se invalida a priori que contratos futuros tengan que tener en cuenta las rentas fijadas en el pasado.
Por su parte, la Asociación de Llogaters considera que la regulación de alquileres es una «herramienta efectiva para bajar el precio de los alquileres y ha beneficiado además de 160.000 inquilinos en el último año». Sostiene que ha supuesto «bajar los alquileres una media del 5% en las ciudades reguladas, donde vive el 70% de la población catalana». Por otro lado, la denominada ley antidesahucios catalana que se votó en febrero de este año en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña con el apoyo de ERC, JxCat, la CUP, En común Podemos y el PSC, está en vigor. Con la abierta oposición de los lobbies inmobiliarios y las asociaciones de propietarios de vivienda, la normativa salió publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 7 de marzo. El PP ha llegado a asegurar que la nueva normativa puede incentivar la ocupación ilegal de viviendas y que supone un ataque a la propiedad privada.
