Adquirir una vivienda sobre plano presenta diversas ventajas, como la seguridad de estrenar un hogar diseñado con las últimas innovaciones en eficiencia energética. No obstante, también existen riesgos, especialmente si la constructora se enfrenta a problemas financieros. Una situación que puede generar preocupación es la quiebra de la promotora encargada de la construcción. ¿Qué sucede si esto ocurre? ¿Se puede recuperar el dinero? En Fincas La Clau respondemos a estas dudas.
En la compra de una vivienda de obra nueva, es habitual pagar un depósito inicial que oscila entre el 10% y el 30% del precio total, abonando el resto conforme avance la construcción. Sin embargo, si la obra se paraliza debido a la quiebra de la promotora, la situación se complica. Aunque este tipo de problemas no es frecuente, existen procedimientos legales para proteger al comprador.
En estos casos, el comprador tiene derecho a reclamar a la entidad avalista o aseguradora que respalda las cantidades entregadas. Esto se debe a la Ley 57/1968, que establece la obligación de las promotoras de contar con un aval bancario o un seguro que cubra los pagos anticipados. Aunque esta ley fue derogada por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), en 2015 se aprobó la Ley 20/2015, que refuerza la obligación de disponer de un aval desde que se obtiene la licencia de obras. Esta ley permite a los compradores recuperar su dinero si la promotora no puede cumplir con la entrega de la vivienda.
La Ley 20/2015 también exige que los bancos verifiquen la existencia del aval y la cuenta especial donde se deben ingresar los pagos. Si los bancos no cumplen con esta obligación, pueden ser responsables de devolver el dinero adelantado. Los compradores tienen un plazo de 15 años para reclamar.
Si la promotora quiebra, el primer paso es verificar si existe un aval bancario. En caso de que no haya, el comprador puede reclamar directamente a la promotora. Además, si la constructora entra en concurso de acreedores, el comprador debe registrar su deuda ante el tribunal en un plazo de 30 días.
Por último, es importante conservar toda la documentación de los pagos realizados, ya que será clave para realizar cualquier reclamación.
